Viviendo la degradación y las perdidas de áreas húmedas, bosques y ecosistemas costeros en el Refugio Gandoca-Manzanillo, y después de leer en los periódicos cada vez mas incongruencias administrativas, hice una búsqueda en los artículos de La Nación.com, únicamente, usando estos criterios terrenos del estado.
Los resultados no me fallaron, resaltan un desorden total en la administración del IDA, MINAE, ICT, SETENA, AYA, etc, y fuera de unos pocos que hacen lo que pueden para que se respeten las leyes ambientales y los recursos naturales, como el Tribunal Ambiental Administrativo [1] y la Contraloría General de la República [2], los demás ya entraron en la era del dólar fácil.
Veamos que noticias obtenemos desde enero (suficiente para hacerse una opinión) con los "terrenos del estado".
[1] 09/08/08 : Labor del Tribunal Ambiental es destacada en el Miami Herald
Durante el 2008 el TAA ha realizado cuatro barridas, el resultado ha sido: 40 proyectos costeros sancionados o en investigación. Por esta razón, el pasado 19 de julio el conocido diario estadounidense Miami Herald destacó la labor del TAA y recalcó que la iniciativa no tiene precedentes en América Latina.
23/06/08 : 80% de tierras en reserva de Matambú son de particulares
Casi el 80% del territorio de la reserva indígena Chorotega de Matambú, localizada en 3.900 hectáreas entre Nicoya y Hojancha, está en manos privadas. El Programa de Regularización del Registro y Catastro detectó que 868 de los 995 habitantes de la reserva son chorotegas. Entre el resto (127), están los dueños de casi todo el territorio, dividido en 221 fincas particulares y 17 propiedades registradas a nombre de sociedades anónimas.
17/06/08 : IDA ordena investigar caso de fraude con terrenos
La junta directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) ordenó ayer una investigación de la solicitud que la gerente de esa entidad, Annie Saborío, hizo al Registro Público de levantar los gravámenes que pesan sobre fincas inscritas mediante un fraude. Saborío envió una solicitud escrita al Registro en febrero del 2007 a petición de un empresario, sin que el IDA tuviera ningún expediente sobre las causas que motivaron las inmovilizaciones.
26/05/08 : IDA en aprietos para ordenar tierras del Estado en frontera
Las tierras estatales en la línea limítrofe con Panamá, están en total desorden, pues no está claro quién ocupa esas 61.000 hectáreas ni tampoco están delimitadas. De ese territorio, el 26% son zonas que protege el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) y cuatro reservas indígenas que tutela la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) y que ocupan el 21% de esa área. En el restante 47%, hay siete asentamientos campesinos y dos porciones de la zona marítimo terrestre que administra el IDA.
23/05/08 : Plan de catastro revela caos con terrenos del Estado
Un caos con los terrenos públicos que están en áreas bajo regímenes especiales (ABRE) es lo que encontró el programa de Regularización de Catastro y Registro. Los responsables de su administración y cuidado son el IDA, el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), asociaciones de desarrollo y algunas municipalidades. Míriam Miranda, coordinadora de este proyecto catastral, indicó que en el Registro Nacional existen 1.600 terrenos en concesión, de los que se desconoce realmente en manos de quién están.
[2] 08/05/08 : Contraloría denuncia venta de tierra del Estado
La Contraloría General de la República (CGR) denunció que la empresa Palma Tica S. A. ha incurrido en una serie de anomalías con dos fincas en Quepos que le arrenda al Estado para uso agrícola.
Mencionó la venta de casas de habitación a terceros, el establecimiento de centros privados de educación y la sobreposición de fincas privadas con terrenos públicos como las principales faltas.
07/03/08 : IDA cuestiona titulación de tierras en Osa a familia de Ottón Solís
El director de la región Brunca del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Bernal Mora, dijo ante una comisión legislativa que la titulación de tierras a la familia de Ottón Solís, en Rancho Quemado de Osa, se hizo sin estudios socioeconómicos. Mora aportó pruebas de que el 16 de agosto de 1980 los Solís “vendieron a un cuñado, Juan de Dios Mata, 77 hectáreas en ¢10.000.
[2] 29/02/08 : 20.000 familias habitan en áreas públicas protegidas
La Contraloría General de la República exigió al IDA devolver al Estado áreas públicas protegidas ocupadas por unas 20.000 familias que habitan en asentamientos campesinos del Instituto. En marzo pasado, la Contraloría ordenó al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) la devolución de 81.000 hectáreas de áreas dedicadas a la conservación, a más tardar el 30 de noviembre del 2008. Una revisión del ente contralor, efectuada en noviembre pasado, determinó que el IDA había acordado el traspaso de solo 5.000 hectáreas, 6% de los terrenos.
[1] 22/02/08 : Clausuradas obras dentro de bosque protegido en Osa
Osa. puntarenas. El Tribunal Ambiental Administrativo clausuró ayer al mediodía las construcciones ubicadas dentro de un bosque protegido en la Reserva Forestal Golfo Dulce, en el Pacífico sur. Este tribunal del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) frenó el avance de lo que en apariencia son cabinas o cabañas, todas con vista a la hermosa laguna de Sierpe, en Osa. Según ratificó el presidente del Tribunal Ambiental, José Lino Chaves, dichas obras son “ilegales”, pues carecen de los permisos que otorga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y del visto bueno del Área de Conservación Osa. Según la denuncia del Área de Conservación, los responsables del proyecto también talaron árboles en los 50 metros de protección del humedal, en una clara violación a la ley forestal.
13/02/08 : Sala IV frena construcciones en parque Las Baulas
La Sala IV frenó las construcciones dentro o en las cercanías del parque nacional marino Las Baulas, en playa Grande, en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste. Los magistrados acogieron para su estudio un recurso de amparo interpuesto por Mario Andrés Boza Loría y Clara Emilia Padilla Gutiérrez contra la Secretaría Técnica Ambiental (Setena). La acción fue presentada porque la Setena dio la viabilidad ambiental para la construcción de una vivienda con piscina en esa zona, y una parte de la estructura quedaría dentro del parque.
21/01/08 : 66 pueblos viven ‘atrapados’ en finca a nombre de Japdeva
Desde Moín, en Limón, hasta Cureña, en San Carlos (Alajuela), 66 pueblos de 6 cantones permanecen atrapados por una escritura errónea. Se trata de un documento que desde el 2001 le dio a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) derechos sobre 132.000 hectáreas.
20/01/08 : Nadie responde por bosques en concesión
Ninguna autoridad del país puede dar cuenta del destino que corrieron kilómetros de bosques que se entregaron en concesión a diversas personas y empresas en los últimos años. Las leyes Forestal y de la Zona marítimo-terrestre establecen que los bosques son patrimonio del Estado, el cual no puede ser cedido a particulares y debe ser administrado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
20/01/08 : “Podían usarse para una casa o un hotel”
Entrevista Alfredo Bermudez, Presidente de DEPPAT y ex-funcionario del ICT.
Los planes reguladores que ustedes hacen, una vez aprobados por el ICT, determinan de qué forma se explotará el suelo. ¿Por qué recomendaron explotar bosques de la ZMT?
La ley de la ZMT no habla de planes reguladores ni de que hay que delimitar bosques, esos son acciones que toman las instituciones estatales. “Le voy a ser muy sincero, las zonas de protección nosotros no las hacíamos con el detalle que requiere la definición legal de bosque. Para ser bosque debe tener cinco factores. Yo le doy un entrenamiento de dos horas y usted puede saber dónde hay un bosque”.
¿Entonces por qué no definían los bosques al hacer los planes?
Lo primero que hace un plan regulador es definir dónde no puedo hacer cosas (pendientes y quebradas). Lo demás es lo que me sobra.
No veían el bosque.
No con los criterios rigurosos de la Ley forestal , porque no se hacía, porque no estábamos definiendo un bosque, lo que estábamos definiendo era zonas de protección que valiera la pena cautelar.
¿Con qué criterios?
Criterios ecológicos o turísticos, pero no legales.
20/01/08 : Sin sanción empresario que hizo camino sin permiso
Un empresario construyó un camino y varios senderos en un bosque del Estado sin permiso y a la fecha no se le ha impuesto ninguna sanción por la falta. La Ley de la zona marítimo-terrestre prohibe realizar cualquier “desarrollo, actividad u ocupación” no autorizada en esas áreas. También, la Ley Forestal establece que se “impondrá prisión de uno a tres años a quien construya (sin autorización) caminos o trochas en terrenos con bosque”. De acuerdo con una inspección del Minae, “se construyó un camino de 280 metros”, y una parte de este entra en “los 150 metros de área restringida” de la zona marítimo-terrestre (ZMT). Además, los inspectores del Minae encontraron a un grupo de trabajadores “construyendo unos senderos (con gradas reforzadas) en la zona pública (50 metros)”, por órdenes de Panek. El Minae también descubrió que se estaba cortando la vegetación baja propia del bosque. El representante ambiental de Panek, Pablo Camacho, explicó que su cliente es extranjero e inicialmente fue mal asesorado.
20/01/08 : ICT autorizó explotación ilegal de bosque del Estado
El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) aprobó un plan regulador ilegal que permite construir casas y facilidades turísticas en un bosque patrimonio del Estado, ubicado en Playa Pará, Manuel Antonio. Según la Ley forestal , los terrenos públicos donde hay bosque son patrimonio natural del Estado y no se pueden “permutar, ceder, enajenar de ninguna manera ni entregar ni dar en arrendamiento”. Aunque la administración de esos terrenos le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el ICT no lo consultó antes de aprobar el plan regulador, a finales del 2004.
05/01/08 : Zonas de recarga de agua están sin protección
Las áreas de recarga acuífera, de las cuales depende el abastecimiento futuro de agua potable, están desprotegidas. Basta con revisar el mapa elaborado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y relacionar los puntos identificados como “zonas de recarga acuífera” para darse cuenta que coinciden con muchos de los grandes desarrollos urbanísticos.
Riesgo. El peligro es inminente. El mismo informe dice que “en las áreas donde hay cambio de uso de la tierra, de agrícola a urbano, la carga de contaminantes de nitratos aumentó un 40%”.
04/01/08 : Registro valora denunciar concesión en Manuel Antonio
El Registro Nacional evalúa si denuncia penalmente a un abogado que inscribió en el 2005, a nombre de un particular, un terreno junto al mar que está a la entrada del Parque Nacional Manuel Antonio, en Quepos, Puntarenas. La Nación publicó en marzo del 2007 que el notario Griselio Albán Ugalde García inscribió la concesión de ese terreno como una zona marítimo-terrestre (ZMT) a nombre del comerciante David Delgado Cabezas. Esto ocurrió a pesar de que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) la había denegado en el 2000, y de que el terreno es parque nacional desde el 2001.
Así es, nadie se preocupa de los recursos naturales y no faltan indicadores de que no va a cambiar tan pronto, cambios y arreglos de leyes y llegada del TLC entre otros. Entonces, mismo si el Tribunal Ambiental hace algunas visitas y clausura obras (algunas re-invadidas antes mismo que los funcionarios hayan regresado a sus oficinas en San José, Playa Negra y Punta Uva entre otras...) no sera suficiente para invertir la tendencia, sobre todo después de leer la entrevista del ex-funcionario del ICT revelando los criterios usados para las elaboraciones de los planes reguladores, "criterios ecológicos o turísticos, pero no legales".
Cuando pensamos que el ICT dio la luz al Certificado para la Sostenibilidad Turística (CST), tenemos derecho en dudar de la veracidad de este "eco-certificado".
Pero esto se merece otro articulo.
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