Hay que recuperar la costa
Por Guillermo Quirós Álvarez*
Somos dueños de un país cuyo territorio cubre 640.283km2, de los cuales 92% es marino. Bordeándolo se extienden 1.412km de bellas playas, ensenadas, golfos y bahías; cuyo valor en el mercado internacional alcanza 2.118 billones de colones. Riqueza manejada por empresas foráneas, las cuales no dudan en pagar míseras granjerías para garantizar su inversión.
Históricamnete se ha dejado en manos de los gobiernos locales su manejo, cuyos indicios reflejan errores de gran magnitud, irreversibles y contrarios al desarrollo sostenible.
En Tiquicia los niños debieran conocer qué es un delfín, una ola y una corriente marina. Los jóvenes deben saber lo importante de los arrecifes, la vulnerabilidad de las especies que ahí habitan, lo frágil del manglar y del porqué no se puede construir a menos de 300m de la playa. Ellos en 25 años administrarán este país, tendrán que enfrentar cómo darle techo, comida y trabajo a 15 millones de personas.
Si nuestro pueblo y las inmigraciones continúan incrementando en progresión geométrica, pronto no habrá tierra para producir; entonces empezaremos a utilizar ese nuestro territorio, aquel gran desconocido para los viejos de hoy.
Dentro de esta perspectiva de insostenibilidad, la Contraloría indica que en los últimos diez años el monto en el proyecto Papagayo podría alcanzar ¢25.000 millones en obras de infraestructura y gastos operativos, incluyendo privilegios para los inversionistas foráneos, préstamos de la banca nacional, exoneración total de impuestos, bienes a perpetuidad; y la entrega de los servicios públicos como parte del paquete de venta de nuestra tierra.
Los hechos ponen en evidencia que la legislación y las autoridades quedaron cortos en la protección de los recursos costeros. Y se ha llegado a la praxis en servicios estratégicos como el agua, de extraerlos desde comunidades vecinas menospreciando los intereses locales. La iniciativa se aprobó hace 20 años y al igual que hoy ofrecía generar empleo y riqueza. Solo que los empleos son de mucamas y la riqueza de los inversionistas.
Es preciso una solución de fondo que permita lograr armonía y sostenibilidad. Una revisión profunda de la normativa nacional sobre el manejo y administración de la zona costera. No se pueden seguir aprobando leyes como la pretendida Ley de Marinas con el único propósito de facilitar las inversiones foráneas, violentando inclusive normas que establecen débiles controles.
Un proyecto que se aprovecha de la confusión e ignorancia de nuestros legisladores y de la falta de entendimiento sobre el manejo de estos frágiles ecosistemas, destinados a desaparecer. Por el contrario, el desarrollo debe asentarse sobre el raigambre social de estas comunidades, facilitar la apropiación y el manejo responsable de los recursos marinos, impulsando el turismo rural ecológico.
En estos momentos caóticos, el país requiere de un análisis pausado y serio de los proyectos que comprometen los recursos marinos por varias décadas o a perpetuidad. Sentar sólidas bases para que el desarrollismo no termine ahogando las comunidades.
Una pausa es también prudente para la prometedora empresa turística nacional, la cual no puede resistir el paso acelerado de la gran competencia foránea. El problema en la zona costera no es el empleo, es dignidad laboral e igualdad de oportunidades en un crecimiento razonable también para nuestros capitales criollos. Es progresar en armonía con el ambiente y con el vecino.
*oceanógrafo
Fuente Diario Extra
Por Guillermo Quirós Álvarez*
Somos dueños de un país cuyo territorio cubre 640.283km2, de los cuales 92% es marino. Bordeándolo se extienden 1.412km de bellas playas, ensenadas, golfos y bahías; cuyo valor en el mercado internacional alcanza 2.118 billones de colones. Riqueza manejada por empresas foráneas, las cuales no dudan en pagar míseras granjerías para garantizar su inversión.
Históricamnete se ha dejado en manos de los gobiernos locales su manejo, cuyos indicios reflejan errores de gran magnitud, irreversibles y contrarios al desarrollo sostenible.
En Tiquicia los niños debieran conocer qué es un delfín, una ola y una corriente marina. Los jóvenes deben saber lo importante de los arrecifes, la vulnerabilidad de las especies que ahí habitan, lo frágil del manglar y del porqué no se puede construir a menos de 300m de la playa. Ellos en 25 años administrarán este país, tendrán que enfrentar cómo darle techo, comida y trabajo a 15 millones de personas.
Si nuestro pueblo y las inmigraciones continúan incrementando en progresión geométrica, pronto no habrá tierra para producir; entonces empezaremos a utilizar ese nuestro territorio, aquel gran desconocido para los viejos de hoy.
Dentro de esta perspectiva de insostenibilidad, la Contraloría indica que en los últimos diez años el monto en el proyecto Papagayo podría alcanzar ¢25.000 millones en obras de infraestructura y gastos operativos, incluyendo privilegios para los inversionistas foráneos, préstamos de la banca nacional, exoneración total de impuestos, bienes a perpetuidad; y la entrega de los servicios públicos como parte del paquete de venta de nuestra tierra.
Los hechos ponen en evidencia que la legislación y las autoridades quedaron cortos en la protección de los recursos costeros. Y se ha llegado a la praxis en servicios estratégicos como el agua, de extraerlos desde comunidades vecinas menospreciando los intereses locales. La iniciativa se aprobó hace 20 años y al igual que hoy ofrecía generar empleo y riqueza. Solo que los empleos son de mucamas y la riqueza de los inversionistas.
Es preciso una solución de fondo que permita lograr armonía y sostenibilidad. Una revisión profunda de la normativa nacional sobre el manejo y administración de la zona costera. No se pueden seguir aprobando leyes como la pretendida Ley de Marinas con el único propósito de facilitar las inversiones foráneas, violentando inclusive normas que establecen débiles controles.
Un proyecto que se aprovecha de la confusión e ignorancia de nuestros legisladores y de la falta de entendimiento sobre el manejo de estos frágiles ecosistemas, destinados a desaparecer. Por el contrario, el desarrollo debe asentarse sobre el raigambre social de estas comunidades, facilitar la apropiación y el manejo responsable de los recursos marinos, impulsando el turismo rural ecológico.
En estos momentos caóticos, el país requiere de un análisis pausado y serio de los proyectos que comprometen los recursos marinos por varias décadas o a perpetuidad. Sentar sólidas bases para que el desarrollismo no termine ahogando las comunidades.
Una pausa es también prudente para la prometedora empresa turística nacional, la cual no puede resistir el paso acelerado de la gran competencia foránea. El problema en la zona costera no es el empleo, es dignidad laboral e igualdad de oportunidades en un crecimiento razonable también para nuestros capitales criollos. Es progresar en armonía con el ambiente y con el vecino.
*oceanógrafo
Fuente Diario Extra
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