27/4/09

Oscar Arias visita la "Zona Maritimo terrestre".

La contralora general de la república hace unos meses envío una carta a casi todas las instituciones y administraciones que están a cargo de la ZMT (Zona marítimo terrestre) exponiendo los problemas que se están dando y pidiendo que se resuelvan.
El texto empieza así :

DESAFÍOS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE E INTEGRAL DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE

Buenos días


Sr. Presidente de la República en ejercicio, Francisco Antonio Pacheco Fernández (rectificación mía: Presidente de la asamblea legislativa)
Señores diputados de las Comisiones de Asuntos Municipales y de Ambiente
Sr. Ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides Jiménez

Sra. Rectora de la Universidad de Costa Rica, Yamileth González García

Sra. Patricia Moreno-Casasola Barceló, Investigadora del Instituto de Ecología de México Señores Ministros
Señores Presidentes Ejecutivos

Señores Alcaldes, Intendentes, regidores y síndicos
Señores funcionarios públicos
Señores representantes de las comunidades y sociedad civil
Compañeros de la Contraloría General

Invitados todos

Costa Rica ha sido reconocida mundialmente por su gran riqueza biológica, sus bosques, la amplitud y belleza de sus costas y la variedad de ecosistemas en su área de influencia, así como por sus esfuerzos y logros en el campo de la conservación.
Desde hace muchos años contamos con todo un marco institucional y legal para proteger el ambiente y la biodiversidad, y en particular para preservar una franja de 200 metros a la orilla de nuestros mares, denominada Zona Marítimo Terrestre, que el legislador quiso dejar fuera del dominio particular, convirtiéndolo en un bien de dominio público, inalienable, imprescriptible e inembargable. No obstante, junto con el auge en el turismo, que se empezó a dar a partir de los años noventa, y que convierte esta actividad en una de las principales fuentes de divisas nacionales, se empezó a dar un desequilibrio entre el desarrollo de infraestructura turística en las zonas costeras nacionales y la protección del ambiente, lo que pone en peligro nuestros recursos naturales, así como la sostenibilidad de diversas actividades económicas no vinculadas con el turismo, tales como la pesca y la agricultura; así como un desarraigo y afectación de la calidad de vida de las personas que por años han habitado esas zonas. Como consecuencia del crecimiento desordenado en las construcciones, debido al turismo y sus actividades complementarias, la Zona Marítimo Terrestre está mostrando indicios de degradación de manglares y desaparición de humedales costeros, pérdida y contaminación de sistemas de dunas de playa y otras plataformas abrasivas por la producción de desechos sólidos y la evacuación de las aguas negras, deterioro del paisaje, alteración de cauces, salinización de los mantos acuíferos y los manantiales, y un excesivo consumo de agua potable. Tal parece que este desarrollo vertiginoso nos tomó por sorpresa y que el amplio marco institucional creado no ha reaccionado para evitar los daños que se están presentando. Todavía no se han definido políticas públicas claras para recuperar esa zona de los graves defectos de la gestión y que permitan retomar un desarrollo con sostenibilidad, preservando el acceso de la ciudadanía a estas zonas. Además, hay poca claridad sobre las responsabilidades para su desarrollo estratégico, en áreas de competencia como la aprobación de los planes reguladores, implementación de infraestructura técnica, equipamiento urbano y servicios, otorgamiento y registro de concesiones, y vigilancia y control. Por otro lado, no hay un claro conocimiento a nivel municipal e institucional, sobre temas vinculados al desarrollo de las zonas costeras, tales como: estructura demográfica, organización social, asentamientos humanos, sistemas productivos, empleo, movilidad social y espacial y el conocimiento de otras variables que permitan la articulación no solo de lo local, con lo regional y nacional, sino también entre esa franja de 200 metros determinada por la ley, con el resto de la plataforma continental (territorio más allá de los 200 metros) y con la plataforma oceánica (recursos marinos y costeros), todo ello para un adecuado ordenamiento territorial y una planificación para el desarrollo humano y de los centros de población de la zona litoral, con horizontes y escenarios de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, que nos permitan no solo obtener beneficios inmediatos, sino también preservar nuestras riquezas naturales para las generaciones futuras. El Decimocuarto Informe del Estado de la Nación, recién emitido, se refiere a toda esta problemática en los siguientes términos: “Las zonas costeras del Pacífico viven un proceso de desarrollo urbanístico acelerado…Los cantones de Garabito, Carrillo, Santa Cruz y Liberia sobresalen como los cantones con mayor área construida anual en la zona… El acelerado desarrollo urbanístico genera impactos más allá de los asociados a su proceso, uso del suelo y expansión. Por ejemplo, en el caso del agua, al igual que en la GAM, el resto del país carece de planificación con vistas a las necesidades futuras. En Quepos, el acueducto instalado no tuvo capacidad para responder a la creciente demanda, y por más de un año hoteles y comercios recibieron el recurso de un camión cisterna del ICAA. En Jacó, desde mayo del 2007 se dejaron de aprobar permisos para proyectos constructivos con más de diez unidades habitacionales. Mientras tanto, en la zona costera de Carrillo y Santa Cruz, el agua y la infraestructura disponibles tampoco dan abasto con la demanda. En playas del Coco se requiere construir un nuevo acueducto con capacidad de doscientos litros de agua por segundo, para atender la demanda futura. La situación se repite en playa Hermosa, donde se necesitan unos cien litros por segundo para abastecer a esa comunidad y el sector sur de Papagayo. Existen diversos proyectos para solucionar esta presión, pero ninguno aún en funcionamiento. Es necesario plantear un debate abierto y técnicamente documentado para sustentar la discusión en torno a la disponibilidad real del recurso para la región del Pacifico Central y Norte. Además, la capacidad reguladora del sector público no está acorde con el auge inmobiliario, lo que ha provocado que el control sanitario y ambiental sea deficiente y a menudo se ejerza cuando el daño ya se ha consumado. Son notorios los casos de playa Tamarindo, playa Manzanillo y el golfo de Papagayo, donde las aguas negras y residuales se descargan directamente en el mar. El ICAA encontró once focos de contaminación fecal en la playa y el mar de Tamarindo. Esta playa perdió la Bandera Azul Ecológica en noviembre del 2007, y en ella el Ministerio de Salud clausuró diez negocios y emitió órdenes sanitarias contra otros setenta locales. También tuvo gran resonancia, el cierre, a inicios del 2008, del hotel Allegro Papagayo, por la descarga directa de sus aguas residuales al mar. Cabe mencionar que en el 2007 ocho playas perdieron la Bandera Azul Ecológica por contaminación: Arenilla, Ocotal, Tamarindo, Manzanillo, Agujas, Pelada de Nosara, Dominical y Playa Negra en Puerto Viejo”. La Contraloría General de la República ha estado atenta a esta grave situación del país y desde el año 2004 ha emitido treinta y dos informes que dan cuenta de al menos 47 condiciones que inciden en la mala gestión de la zona marítimo terrestre a lo largo de los últimos años. También estamos conscientes de que los estudios que hemos hecho, los informes emitidos, los seguimientos y otros proyectos que tenemos, unidos a los de otras instancias, si bien están promoviendo acciones y un cambio de conciencia, son insuficientes para lograr una transformación radical y revertir los efectos en el corto plazo. En nuestros estudios hemos determinado que una de las causas de la problemática en la planificación, administración, vigilancia y control de la zona marítimo terrestre, es la desactualización de la normativa jurídica que la regula. Su principal referente, la Ley No. 6043, con más de 30 años de vigencia, muestra señales de desfase con la realidad del país en materia económica, social y ambiental, que requiere una actuación distinta de las instituciones públicas y la sociedad civil. ....


Y termina así :

Se ha determinado una imprecisión en los tipos penales establecidos en la Ley No. 6043, así como sanciones irrisorias frente a violaciones a bienes jurídicos de suma trascendencia, dado que se trata por lo general de recursos naturales, del ambiente, de ecosistemas de gran fragilidad, de la salud de la población, y de la hacienda pública. Por otra parte, se ha observado la eliminación, modificación o adulteración del amojonamiento realizado en la zona marítimo terrestre, con el consecuente efecto de una variación de las áreas delimitadas en beneficio de intereses particulares, y la pérdida de recursos económicos por parte del Instituto Geográfico Nacional, el Ministerio del Ambiente y Energía y de las mismas municipalidades. Ante la especulación y el tráfico inmobiliario en la zona marítimo terrestre y el enriquecimiento de particulares con la negociación de bienes que por su condición demanial están fuera del comercio de los hombres, es necesario y urgente establecer responsabilidades y sancionar a aquellas personas que se aprovechan de bienes ajenos a su patrimonio, sin que tengan autorización para ello. También es importante establecer la responsabilidad de las personas jurídicas, sus representantes, gerentes o administradores, cuando corresponda. Finalmente, como ha quedado evidenciado, es mucho lo que tenemos que hacer para preservar este bien de dominio público para las generaciones futuras y creo que los aportes que se den en este foro pueden contribuir mucho para tal fin. En ese sentido, las experiencias de otros países nos pueden ayudar, por eso hemos invitado a la Dra Patricia Moreno, Investigadora del Instituto de Ecología de México, a quien agradecemos su participación en este foro. Muchas gracias

Pueden bajar todo el texto desde aquí (.doc de 18 paginas).

Les puse este texto porque me molesto ver nuestro presidente de la república, Oscar Arias Sanchez, el viernes pasado a la inauguración del hotel Le Cameleon en Cocles. Este hotel se encuentra en gran parte en la ZMT.
¿Como pudo dormir en un establecimiento que se burla de las leyes?
No es de este modo que podremos preservar nuestras costas, la biodiversidad y la sostenibilidad, palabras, que tanto le gusta usar para atraer fondos extranjeros para la conservación, que solo existe en los papeles de sus lindos informes... en la realidad, la biodiversidad no le importa un pepino.

"no estamos dedicando los recursos necesarios para detener la degradación del medio ambiente" “ALGO HICIMOS MAL” Oscar Arias

También el presidente del tribunal ambiental administrativo lo viene diciendo desde hace mucho. Tribunal Ambiental Administrativo sin presupuesto. José Lino Chaves, Presidente del TAA.

Resultado de todo esto, "Costa Rica esta perdiendo el sello verde"

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