El proyecto de ley sobre la construcción de marinas que se discute en la Asamblea Legislativa de Costa Rica no asegura la protección ni sostenibilidad de los ambientes marinos implicados.
Así lo informaron varias entidades ambientalistas luego de realizar una investigación con expertos.
El proyecto de ley que modificaría la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas No. 7.744 aceleraría los trámites para la concesión y creación de marinas turísticas.
Resultado de la consulta facultativa de constitucionalidad de la ley de marinas
De acuerdo con las organizaciones, Costa Rica no tiene una ley de navegación ni dispone de un estudio de ordenamiento espacial del territorio marino; herramientas que son base para el arribo de miles de embarcaciones particulares.
Por otra parte, los ambientalistas consideraron que las instituciones a las que correspondería otorgar los permisos y concesiones carecen de infraestructura, organización y marco jurídico apropiado.
Cristina Zeledón, de la entidad Talamanca por la Vida y por la Tierra, puntualizó sobre el impacto que tendría sobre las comunidades aledañas, pues podrían perder su identidad, así como la afectación en el abastecimiento de servicios básicos.
Ante éstas y otras conclusiones, las entidades ambientalistas solicitarán a la Sala Constitucional que declare inconstitucional el proyecto de ley.
Algunas de las entidades participantes son Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), Bosques Nuestros, Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, Red Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas, entre otras. fuente
El proyecto carece del enfoque científico y técnico requerido para asegurar la protección y sostenibilidad de los ambientes marinos implicados.
En ausencia de un plan regulador basado en estudios de impacto ambiental y sensibilidad de nuestros ecosistemas costeros, es riesgoso e irresponsable propiciar un marco legal que permita dar curso a los proyectos de construcción y operación de marinas y atracaderos turísticos, veintidós a la fecha, en áreas altamente sensibles de nuestros litorales.
Desde la perspectiva de las políticas nacionales para la conservación y el desarrollo sostenible de los diversos ecosistemas y de los recursos naturales que les caracterizan, se hace necesario y urgente justipreciar las consecuencias de un cambio en el modelo de desarrollo turístico que hasta ahora ha privilegiado la conservación y la sostenibilidad, a uno que es necesariamente selectivo, excluyente y de alto impacto ambiental.
El país no tiene una Ley de Navegación ni dispone de un estudio de ordenamiento espacial del territorio marino, estas herramientas de base deben ser prioridad antes de propiciar el arribo de miles de embarcaciones particulares que darán uso a una “red de navegabilidad marítima” en nuestro territorio.
Las instituciones a las que correspondería otorgar los permisos y concesiones para la construcción de marinas y atracaderos turísticos, carecen de infraestructura, organización y marco jurídico apropiado, así como de recursos humanos debidamente preparados para ofrecer una garantía real de que las actividades asociadas a ese tipo de desarrollos, no impactarían negativamente los ecosistemas costeros, ni determinarán la exclusión progresiva de los ciudadanos que habitan las áreas adyacentes.
De aprobarse este Proyecto la nueva ley conducirá inexorablemente a una transformación cultural de las comunidades costeras, cuyas consecuencias inmediatas serán, por una parte, el debilitamiento de su identidad y, por otra, la pérdida de oportunidades laborales propias son aquellas que generan las pequeñas y medianas empresas turísticas y las diversas actividades a las que los pobladores están acostumbrados.
En cuanto a las demandas de servicios que implica la instalación de marinas, además de la infraestructura de acceso, la electricidad y los combustibles, debe tenerse en consideración el abastecimiento de agua, un recurso vital y escaso para las comunidades y asentamientos costeros.
Tal y como está planteado, el proyecto prioriza la inversión foránea, sobre los genuinos intereses nacionales, amenazando el patrimonio de todas y todos los costarricenses, los de hoy y los de mañana.
En este proyecto de ley no se prevén las medidas necesarias ni los altos costos que implicaría la existencia de 22 nuevos puertos, por donde sería muy fácil el trasiego ilegal de mercaderías, armas, drogas y personas
Como ha sido señalado, el proyecto de ley, y las intenciones e intereses subyacentes, dejan mucho que desear desde las perspectivas social, cultural, económica y ecológica. Por una parte, se trata de un conjunto de normas mal hilvanado que carece de garantías para asegurar la preservación y defensa de la identidad cultural de las comunidades costeras; y, por otra, ignora o subvalora los riesgos asociados a la alteración e impacto sobre los ecosistemas marinos y las comunidades de organismos que les caracterizan, especialmente el riesgo de derrames de aguas residuales y de combustibles y otras sustancias utilizadas regularmente en las embarcaciones, que tienen un reconocido efecto tóxico sobre los organismos que crecen naturalmente en nuestros ambientes marinos. Además, debe tenerse en consideración el riesgo biológico que implica el transporte desde sitios remotos, de organismos patógenos y, en general, la eventual introducción de especies propias de otros ambientes marinos.
Así lo informaron varias entidades ambientalistas luego de realizar una investigación con expertos.
El proyecto de ley que modificaría la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas No. 7.744 aceleraría los trámites para la concesión y creación de marinas turísticas.
Resultado de la consulta facultativa de constitucionalidad de la ley de marinas
De acuerdo con las organizaciones, Costa Rica no tiene una ley de navegación ni dispone de un estudio de ordenamiento espacial del territorio marino; herramientas que son base para el arribo de miles de embarcaciones particulares.
Por otra parte, los ambientalistas consideraron que las instituciones a las que correspondería otorgar los permisos y concesiones carecen de infraestructura, organización y marco jurídico apropiado.
Cristina Zeledón, de la entidad Talamanca por la Vida y por la Tierra, puntualizó sobre el impacto que tendría sobre las comunidades aledañas, pues podrían perder su identidad, así como la afectación en el abastecimiento de servicios básicos.
Ante éstas y otras conclusiones, las entidades ambientalistas solicitarán a la Sala Constitucional que declare inconstitucional el proyecto de ley.
Algunas de las entidades participantes son Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), Bosques Nuestros, Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, Red Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas, entre otras. fuente
"Otras conclusiones" sobre las modificaciones a la Ley de Marinas
El proyecto carece del enfoque científico y técnico requerido para asegurar la protección y sostenibilidad de los ambientes marinos implicados.
En ausencia de un plan regulador basado en estudios de impacto ambiental y sensibilidad de nuestros ecosistemas costeros, es riesgoso e irresponsable propiciar un marco legal que permita dar curso a los proyectos de construcción y operación de marinas y atracaderos turísticos, veintidós a la fecha, en áreas altamente sensibles de nuestros litorales.
Desde la perspectiva de las políticas nacionales para la conservación y el desarrollo sostenible de los diversos ecosistemas y de los recursos naturales que les caracterizan, se hace necesario y urgente justipreciar las consecuencias de un cambio en el modelo de desarrollo turístico que hasta ahora ha privilegiado la conservación y la sostenibilidad, a uno que es necesariamente selectivo, excluyente y de alto impacto ambiental.
El país no tiene una Ley de Navegación ni dispone de un estudio de ordenamiento espacial del territorio marino, estas herramientas de base deben ser prioridad antes de propiciar el arribo de miles de embarcaciones particulares que darán uso a una “red de navegabilidad marítima” en nuestro territorio.
Las instituciones a las que correspondería otorgar los permisos y concesiones para la construcción de marinas y atracaderos turísticos, carecen de infraestructura, organización y marco jurídico apropiado, así como de recursos humanos debidamente preparados para ofrecer una garantía real de que las actividades asociadas a ese tipo de desarrollos, no impactarían negativamente los ecosistemas costeros, ni determinarán la exclusión progresiva de los ciudadanos que habitan las áreas adyacentes.
De aprobarse este Proyecto la nueva ley conducirá inexorablemente a una transformación cultural de las comunidades costeras, cuyas consecuencias inmediatas serán, por una parte, el debilitamiento de su identidad y, por otra, la pérdida de oportunidades laborales propias son aquellas que generan las pequeñas y medianas empresas turísticas y las diversas actividades a las que los pobladores están acostumbrados.
En cuanto a las demandas de servicios que implica la instalación de marinas, además de la infraestructura de acceso, la electricidad y los combustibles, debe tenerse en consideración el abastecimiento de agua, un recurso vital y escaso para las comunidades y asentamientos costeros.
Tal y como está planteado, el proyecto prioriza la inversión foránea, sobre los genuinos intereses nacionales, amenazando el patrimonio de todas y todos los costarricenses, los de hoy y los de mañana.
En este proyecto de ley no se prevén las medidas necesarias ni los altos costos que implicaría la existencia de 22 nuevos puertos, por donde sería muy fácil el trasiego ilegal de mercaderías, armas, drogas y personas
Como ha sido señalado, el proyecto de ley, y las intenciones e intereses subyacentes, dejan mucho que desear desde las perspectivas social, cultural, económica y ecológica. Por una parte, se trata de un conjunto de normas mal hilvanado que carece de garantías para asegurar la preservación y defensa de la identidad cultural de las comunidades costeras; y, por otra, ignora o subvalora los riesgos asociados a la alteración e impacto sobre los ecosistemas marinos y las comunidades de organismos que les caracterizan, especialmente el riesgo de derrames de aguas residuales y de combustibles y otras sustancias utilizadas regularmente en las embarcaciones, que tienen un reconocido efecto tóxico sobre los organismos que crecen naturalmente en nuestros ambientes marinos. Además, debe tenerse en consideración el riesgo biológico que implica el transporte desde sitios remotos, de organismos patógenos y, en general, la eventual introducción de especies propias de otros ambientes marinos.
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